El pleno debate entre cruce de acusaciones el régimen retributivo del alcalde y otros miembros de gobierno con dedicación exclusiva

El pleno de la corporación municipal en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros del pasado jueves 18 de julio, se desarrolló en medio de un clima de crispación y cruce de acusaciones entre miembros del equipo de gobierno Ciudadanos-PP y la oposición del grupo socialista, durante el debate sobre el régimen retributivo del alcalde y otros miembros de gobierno con dedicación exclusiva.

La sesión arrancó con el preceptivo punto de la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, que excepcionalmente no se aprobó por unanimidad al votar en contra el grupo socialista «por el sectarismo del Sr. Secretario» por considerar su portavoz Ramón Ropero que este no advirtió «de las presuntas irregularidades que tuvo el pleno del día 26 de junio, que ya se sustentarán en el contencioso-administrativo de Mérida, donde hemos presentado los recursos correspondientes».

Las discusiones se suscitaron en los dos puntos siguientes del orden del día, que hacían referencia a la aceptación del régimen de dedicación exclusiva de los cargos electos de esta corporación y de la modificación del régimen contributivo de la dedicación exclusiva del alcalde, José Manuel Rama Moya, que acepta la dedicación exclusiva con un sueldo bruto de 45.000 euros brutos anuales repartidos en 14 pagas, pudiendo realizar actividades de carácter privado compatibles con sus funciones propias de la alcaldía.

Del mismo modo, los concejales Isabel García (Ciudadanos), Manuel Piñero y Carmen Romero (ambos del PP) aceptaron la dedicación exclusiva. Esto fue tajantemente criticado por el portavoz adjunto del grupo socialista, Joaquín Rodríguez, por considerar que dicho acuerdo permitía a Isabel García y a Manuel Piñero «mantener en cierto modo su actividad profesional privada». Por su parte, Piñero aclaró que mantiene su condición de autónomo «para poder cobrar legalmente facturas que se le adeudan por su trabajo».

Rodríguez fue más allá en sus críticas al señalar que el alcalde se había subido el sueldo hasta pasar a cobrar esos 45.000 euros en lugar de los 33.000 euros iniciales. Esta afirmación produjo un cuce de reproches entre gobierno y oposición y de datos de otros ayuntamientos considerados de características parecidas a Villafranca. El portavoz del grupo popular, Manuel Piñero, aprovechó para salir en defensa del secretario de la corporación ante la reprobación de Ropero, recordando que este cobra en la actualidad en régimen de dedicación 64.000 euros de la Diputación, mientras compatibiliza su tarea de concejal con el de diputado con cargo sin contenido político. Finalmente, Ciudadanos y PP votaron a favor y el PSOE en contra, cerrando el debate el alcalde que afirmó que su situación es «totalmente legal» y que su retribución «está un escalón por debajo del límite máximo».

El grupo socialista considera inmoral estas propuestas porque -según sus cuentas- una subida de 12.000 euros anuales en tan sólo 15 días y si se le suma la seguridad social, son 5000 euros más al mes. Su portavoz, Joaquín Rodríguez, les reprochó que dijeran que llegaban a la política diciendo que la iban a regenerar, «y bien que lo están haciendo, pero para su propio interés», argumentó Rodríguez, que finalizaba añadiendo, que tras esta medida, el coste de concejales liberados en el Ayuntamiento superará en 60.000 euros a lo que cobraban antes. Y criticaba que el alcalde reciba también retribuciones de su actividad privada como agricultor «esto para nosotros es un insulto a la ciudadanía, y se lo vamos a recordar cada vez que podamos, es incongruente tener una jornada completa con la opción de ejercer una labor privada. Esto no va a ser legal, además no es coherente ni lícito».

La portavoz de Ciudadanos, Isabel García Ramos, volvió a recordar que «igual hacía Ramón Ropero con la Diputación, que tenía exclusividad allí, cobrando mucho más dinero que nuestro alcalde, y sin embargo ejercía sus labores aquí en Villafranca, y también cobrando del dinero de los ciudadanos». Y aclaraba que el sueldo del alcade podría haber sido aún mayor, porque así les ampara la ley, pudiendo haber llegado hasta los 53.000 euros, y sin embargo se ha quedado sólo con 45000 euros.

En definitiva, García Ramos considera «que el sueldo del alcalde es lícito, la normativa legal permite la dedicación exclusiva y mantener la compatibilidad con una actividad privada, y le decimos, que cuando no cumplamos con nuestras obligaciones, entonces podrán quejarse«. Además, la portavoz de Ciudadanos Villafranca apoyó su argumentación basándose en que así lo confirma un informe de la Diputación.

El alcalde cerraba las intervenciones en este punto señalando que «la retribución al alcalde no se aprobó en el primer pleno por el desconocimiento de los límites, y he optado por un escalón más bajo del que me permite la ley. Parece que los únicos que tienen capacidad para tener compatibilidades son los vicepresidentes de la Diputación», concluyó.

PERIODICIDAD DE LOS PLENOS

Particularmente curioso resultó el debate a propósito de la modificación de la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias, fijadas en el pleno anterior en el último jueves de cada mes. Sin embargo, la propuesta llevada al pleno del pasado 18 de julio era que se celebraran en la segunda quincena de cada mes preferentemente en horario de tarde noche. Lorenzo García Mateos, en funciones de portavoz socialista (en total realizaron esta función 6 concejales del PSOE) defendió la propuesta original y el equipo de gobierno la segunda, que fue la que salió adelante con los votos a favor de Ciudadanos Villafranca y PP.

Aunque estaba previsto la aprobación inicial del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Local del Deporte, este punto se retiró del orden del día.

REMANENTE DE TESORERÍA

En cuanto a la modificación de la aplicación de remanente líquido de tesorería, volvió a suscitarse un debate tenso por el hondo calado de las propuestas que pretende llevar a cabo el equipo de gobierno en forma de cambios presupuestarios, quedando las inversiones previstas de la siguiente forma: reforma del edificio municipal de nueva ubicación de la Policía Local, 100.000€; construcción de la biblioteca municipal, 200.000€; construcción de la segunda fase de la Casa de la Música, 100.000€; construcción del Salón de Actos del Colegio El Pilar, 100.000€; reposición y mejora del alumbrado público, 50.000€; inversión en vías públicas e infraestructuras, 100.000€; reparación y adecuación de la piscina municipal, 200.000€; mejora de varios edificios municipales, 50.000€.

Paqui Matamoros, como portavoz socialista, criticaba que haya desaparecido la partida de 400000 euros destinada a la construcción de viviendas para jóvenes, señalando que «parece que a ustedes les interesa más trasladar a la policía local que los jóvenes». Se refería la edil socialista al cambio de la Policía Local a las instalaciones actuales de la Policía Local a las instalaciones del actual Centro de Empleo y Formación, antiguo Centro de Salud. Tanto Ciudadanos como PP votaron a favor, argumentando este cambio y los 100.000€ de inversión «porque las instalaciones actuales de la Policía Local son insuficientes», además de razones relacionadas con la privacidad de las personas que tienen que interponer una denuncia, que se ven obligadas a pasar delante de algunas terrazas de bares.

Sin embargo, para Paqui Matamoros esta decisión era «un capricho personal del jefe de la Policía Local». El portavoz del grupo popular, Manuel Piñero, aseguró que esta situación se debe a que Ropero tenía castigada a la Policía Local, poniendo como ejemplo el que ni siquiera les pusiera aire acondicionado en las dependencias policiales. La portavoz de Ciudadanos, Isabel García Ramos, criticaba la falta de respeto del grupo socialista hacia el Jefe de la Policía Local y también hacia el secretario. Piñero criticó duramente la «falta de mantenimiento que ha habido en este ayuntamiento, aquí no funciona nada como lo demuestran las instalaciones de la Piscina Climatizada, que además no tienen accesibilidad ni para quienes tienen silla de ruedas».

POLÉMICA POR LA UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA

Una moción del Grupo Municipal Socialista, rechazada por Ciudadanos y PP, instaba al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros a iniciar las obras necesarias de construcción de una nueva biblioteca en las instalaciones existentes frente a la Casa de la Cultura, ante la intención del actual equipo de gobierno de construir la nueva biblioteca municipal en el edificio de la Plaza del Corazón de María donde iba a construirse la Casa del Folclore. La Concejala socialista, Miriam García Cabezas, defendió la necesidad de mantener la unión del núcleo cultural alrededor de la Casa de la Cultura, para una eficaz gestión y utilización de los recursos, y para poner en valor la inversión de 500.000 euros realizada para la adquisición del citado edificio de la Plaza del Corazón de María.

La portavoz de Ciudadanos, Isabel García, señalaba que la zona cultural no se abandonará, puesto que «el otro edificio también se utilizará para asuntos culturales, pero ahora urge más la reforma de esta casa». Por su parte, el portavoz del grupo popular, Manuel Piñero, calificó este edificio de «parque temático de palomos y roedores» que lleva casi 10 años cerrado con maquinaria inservible en su interior. La portavoz de Ciudadanos defendió la inversión de 200.000€ en una biblioteca «con una ubicación más adecuada, en el centro de la localidad».

Tampoco se aprobó -por los votos en contra de Ciudadanos y PP- la moción del grupo socialista para instar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana a ejecutar las obras de instalación de una pasarela entre el CEIP Santa María de la Coronada y la Plaza de San Marcial. El portavoz popular, Manuel Piñero considera, que esa propuesta ya se ha hecho y desveló que se ha mantenido unan reunión con el Presidente de la CHG, y que éste les ha dicho que tienen todo su apoyo técnico «pero que ni un duro para su construcción». La portavoz de Ciudadanos, García Ramos, añadió que «en julio de 2018 el gobierno local ya tenía un informe en el que se les pedía un estudio geotécnico y no lo hicieron, y de eso hace ya más de un año».

En medio de ambas mociones volvía la polémica al pleno con motivo del turno de intervenciones, pues Ramón Ropero se quejaba de que el alcalde decidiera cerrar el mismo mientras solicitaba intervenir «por alusiones», queja que se repetía poco después cuando el alcalde decidía darle la palabra a la portavoz de Ciudadanos «por alusiones».

El pleno dio luz verde por unanimidad a una moción por vía de urgencia que insta a la Consejería de Educación y Empleo para que acometa una obra en el gimnasio del CEIP Santa María de la Coronada, ante las deficiencias de dichas instalaciones que pudieran suponer un peligro para los usuarios, según se desprende de los informes técnicos. El grupo socialista, por boca de Joaquín Rodríguez, se sumó a esta moción si bien demandó al equipo de gobierno que realizase actuaciones en todos los centros educativos de la localidad.