La organización ODP-AS insiste en algunas reivindicaciones que afectan a la población trabajadora del sector agrario

1.- El gobierno de España debe poner fin al dual sistema de protección al desempleo para trabajadores y trabajadoras del sector agrario; la renta y el subsidio agrario deben unificarse.

2.- El gobierno de España debe eliminar la obligación que tienen los/as trabajadores/as agrícolas de las 35 peonadas para el cobro del subsidio o de la renta agraria.

2.- El desempleo en las zonas agrícolas de Extremadura no es un problema de búsqueda de empleo; los trabajadores quieren trabajar, no quieren vivir subvencionados, ni depender seis meses de los 426 euros. El problema es que en el campo, las contrataciones son cada vez más escasas; el trabajo es muy precario y temporal. Así por ejemplo, en Tierra de Barros, el empleo aumenta en los períodos de la vendimia y la aceituna, el resto del año es complicado trabajar para un obrero agrícola. No obstante, en estas cosechas se impone la modalidad del trabajo a destajo. Las aceitunas se recojan en esportones a 3 euros cada uno de ellos, si la cosecha es abundante se pueden obtener 30 o 40 euros a base de mucho sacrificio, cuando la cosecha es mala, conseguir un salario de 30 o 40 euros implica dejarte parte de la piel en el campo.

3.- La población asalariada de nuestra comarca tiene plena conciencia de que el convenio agrícola firmado es el resultado de la correlación de fuerzas, es el resultado de la lucha de clases, y en estos momentos son las organizaciones empresariales agrarias más conservadoras las que imponen sus criterios. En definitiva, la situación laboral es un reflejo de la poca capacidad de movilización que actualmente tiene la fuerza de trabajo agrícola.

4.- La inclusión de los trabajadores agrícolas en el Régimen General de la Seguridad Social puede ocasionar dificultades muy serias a los trabajadores eventuales. Antes de dar ese paso, hay que generar amplias posibilidades de empleo, puesto que con los actuales niveles tendrían serios problemas para vivir dignamente y por supuesto, cotizar a la seguridad social, ya que al estar en el Régimen General dependería de los días trabajados. Actualmente, aún en desempleo pagan de su bolsillo una cantidad fija mensual lo que les permite, cobrar el desempleo durante seis meses y una pensión de jubilación.

5.- No es un tópico repetir, una y mil veces, que la madre del cordero del estado económico-social de nuestra tierra es el olvido y el abandono al que nos han condenado los sucesivos gobiernos de España. La clase política extremeña no ha perdido su condición histórica de ser subalterna de la de Madrid. Ocurre en la actualidad, seguimos estando al margen de cualquier desarrollo económico con un importante desempleo estructural que principalmente se ceba en la población jornalera agraria. Tampoco es un común, repetir que en Extremadura sigue habiendo muchos terratenientes, de los de siempre, con nombres muy conocidos, que perciben en rentas y subvenciones millones de euros. Por eso, no nos valen los planes AEPSA o los Planes de Empleo Social que tienen por objetivo silencio y subsistencia, necesitamos verdaderos Programas de Inversiones en Infraestructuras físicas y Planes de Empleo que estimulen la industrialización, la producción agrícola-industrial y la economía social en nuestros pueblos. Claro, todo esto depende de nuestra capacidad de lucha y movilización.