ODP pide que se aclaren las declaraciones del Concejal de Cultura, en las que decía que hay un proyecto y autorización de la Junta para emitir

Torres comienza aclarando lo siguiente: "En el Pleno celebrado en el mes de mayo preguntamos cuál era la situación jurídica de la TV local, no se nos respondió; recurrimos a la Dirección General de Comunicación Electrónica y Nuevas Tecnologías de la Junta de Extremadura y se nos argumentó la situación reglamentaria con el amplio repertorio de leyes y decretos que regulan la TDT en el territorio de la Comunidad Autónoma; en las mismas, de manera explícita e implícitamente se nos expresaba que la TV local estaba fuera del marco normativo".

El edil de ODP continúa refiriéndose ahora al pleno del pasado martes, 19 de julio, afirmando que el alcalde ratificó lo dicho en días pasados por el concejal de Cultura, no sin antes acusarles de algo así como que con sus preguntas lo que pretenden es cerrar la TV local. Este grupo considera que les molesta que hayan pedido información y transparencia sobre este asunto, y se recurre contra la ODP utilizando el mecanismo más fácil para defenderse de algo que ellos mismos reconocen: que la TV de Villafranca está funcionando fuera de la normativa, de manera irregular, vamos lo que se puede decir en el modo de TV PIRATA. Y si esto es así es porque -según Torres- tienen la complacencia del gobierno de Extremadura que les permite, mirando para otro lado, una emisión que según la Ley de Telecomunicaciones conlleva una denuncia de hasta 1.000.000 de euros.

Torres cree que se les acusa de querer cerrar la TV local por pedir información, al tiempo de querer salir en ella, como afirmaron el concejal y el alcalde, un argumento que en opinión del representante de ODP lo que denota es un pensamiento caciquil y manipulador: este asunto es solamente nuestro, aquí nadie puede meter las narices, el que se mueva no sale en la foto.

En los próximos días ODP pedirá "la veracidad correspondiente sobre el contenido de las declaraciones realizadas en días pasados por el concejal de Cultura, en las que se decía que había un proyecto y una especie de autorización por la Junta de Extremadura para emitir. Lo curioso del caso es que al mismo tiempo que se decía una cosa, se reconocía la necesidad de modificar el decreto, es decir que se estaba reconociendo la irregularidad de las emisiones. En el pleno de anoche, el alcalde volvió a precisar que tal y como están las cosas es difícil y hay que modificar la normativa que regula las emisiones".

Torres asegura lo siguiente: "No entendemos la ocultación absurda de información por parte del equipo de gobierno de este asunto municipal. Ahora le exigimos que proceda a dar los pasos consecuentes para tramitar la legalización de la TV local. Puesto que a todo lo anterior se añade que no podemos ocupar el espacio electromagnético a nuestro antojo, sin ser advertido antes o después por otras Instituciones del Gobierno de España relacionadas con las Telecomunicaciones que no dependen de la Junta de Extremadura".

Por último, Torres considera que "no es de recibo que una Administración Pública actúe arbitrariamente sin respetar el marco jurídico en aquellas cuestiones que le parezcan pertinentes, y en otras requiera el cumplimiento de la legalidad a la población en lo que le compete. La Administración Regional tiene mucho que decir en este asunto, y los Ayuntamientos interesados, entre ellos el nuestro, deben requerir que se proceda a las modificaciones normativas precisas para que las diferentes localidades de la Comunidad puedan llevar a cabo las emisiones de la TV local".