Ropero prestó declaración en el Juzgado de Villafranca por presuntas irregularidades en la contratación de una asociación cultural
La defensa del alcalde de Villafranca considera que se trata de someterlo a una persecución judicial por parte del abogado acusador Felipe Martín
Antonio Ortiz
Jueves, 5 de mayo 2016, 19:13
El alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, prestó declaración en la mañana de este jueves 4 de mayo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, ... a requerimiento de la Fiscalía de Mérida, como consecuencia de la denuncia presentada por el abogado Felipe Martín por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la facturación de al menos 8000 euros a la asociación cultural Q-Crear-T de Villafranca de los Barros.
Ropero estuvo declarando durante aproximadamente una hora y cuarto ante su abogado, Santiago Lavado, acogiéndose al derecho de no hacerlo ante el abogado de la acusación particular. En su declaración, considerada por el propio Felipe Martín de defensa numantina, el alcalde villafranqués, que no quiso hacer declaraciones a la salida del juzgado, esgrimió como argumento de su defensa que él no es ordenante de pagos, facultad que tiene delegada en su concejal de Economía y Hacienda, Águeda Antúnez, y en la interventora municipal, María Teresa Álvarez.
También declaró como investigado Gabriel Sánchez Suero, miembro de la formación "Villafranca Avanza" , miembro de la formación Villafranca Avanza, que fue la persona que puso los hechos denunciados en conocimiento de Felipe Martín, aunque este sostiene que próximamente pasará a ser testigo del proceso abierto.
Por su parte, la acusación particular considera que Ropero con dicha declaración ha abierto más el abanico de personas con poder para hacer pagos, y explicó que el fondo de la cuestión está en aclarar si las facturas que se han emitido en 2014 por importe de 8000 euros (más las que faltan tener en cuentan de 2015 y 2016) están "justificadas causalmente, o sea, si se ha producido el pago a dicha asociación por los trabajos que se le han requerido o si la asociación podría haber hecho de intermediaria para cobrar de manera fraudulenta un dinero por una actividad nunca realizada, lo que llevaría a considerarlo como desvío de fondos municipales. Esto no ha hecho más que empezar, subrayó Felipe Martín.
De ahí que, aunque para el día 11 a las 11:30 de la mañana, está prevista la declaración del presidente de Q-Crear-T, conocido como Cascos, Felipe Martín va a solicitar la suspensión de esta declaración para incorporar previamente los movimientos y extractos bancarios de las cantidades recibidas por Q-Crear-T de Caja Rural de Extremadura como entidad a través de la que se efectuaban los pagos y a continuación pedirá la comparecencia de Miguel Ángel García Domínguez (ex coordinador del Área de Cultura y Formación del Ayuntamiento de Villafranca), la edil de Economía y Hacienda, Águeda Antúnez, y la interventora municipal María Teresa Álvarez.
SANTIAGO LAVADO VE AFÁN DE NOTORIEDAD
El abogado de Ramón Ropero, Santiago Lavado, dijo que su defendido se hallaba afectado por esta situación, y afirmó: Esto es una forma de notoriedad con la obsesión de hacer caer a una persona muy relevante de la política, como es Ramón Ropero, acusándolo de falsificar documentación y haber malversado fondos públicos, cuando ha quedado acreditado hoy que el alcalde no ha participado en ningún proceso, ni siquiera es la persona responsable de firmar los pagos porque tiene delegada la firma.
Lavado apunta a Felipe Martín y su animadversidad por Ropero. Se trata de una persecución política con un interés de relevancia pública, solo hay interés expúreo. Lavado fue tajante al afirmar que está acreditado que los espectáculos se hicieron, se grabaron, se publicaron y se justificaron los gastos con el visto bueno de la intervención del Ayuntamiento al haber fondos para ello, pruebas que hemos presentado ante la Fiscalía. Restó importancia a los 8000 euros de las facturas, explicando que se trata de un montante total acumulado por varias facturas más pequeñas sobre las que ni siquiera había obligación de efectuar contratos.
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