El exsecretario general de la Consejería de Cultura, Agustín Sánchez, no podrá ser cargo público durante los próximos siete años

El exsecretario general de la Consejería de Cultura, Agustín Sánchez Moruno, ha sido condenado, como autor de un delito de prevaricación, a la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 7 años. Así lo recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, que pone fin al procedimiento que contra él había iniciado hace un año el juzgado de instrucción nº 1 de Mérida tras una denuncia por estafa. Finalmente, la sentencia concluye que lo que hubo fue una prevaricación administrativa que la ley condena con una pena mínima de siete años de inhabilitación para cargo y empleo público. La sentencia es consecuencia de un pacto de conformidad con la fiscalía y la acusación particular.

En la sentencia se recoge que siendo Agustín Sánchez Moruno Secretario General de la Consejería de Cultura en mayo del 2011 autorizó un gasto de 17.000¤ (20.060¤ con IVA) a favor de Gráficas Gaspar en el marco de las actividades paralelas y complementarias del referido Festival, solicitado por el Consorcio del Festival de Teatro Clásico de Mérida a la Junta de Extremadura como uno de los patronos del mismo. Así mismo se recoge que la contratación se hizo mediante la figura del contrato menor, que elude la fiscalización previa, omitiendo la realización de un sistema de contratación a través de un concurso, el reglamentado en este supuesto y que se evitó para ahorrar tiempo.

Puestos al habla con Agustín Sánchez Moruno, manifiesta lo siguiente: Lo más importante para mí y para mi familia es quedar claro que esto no tiene nada que ver con la corrupción. Aquí nadie se ha llevado ni un euro. La empresa ha justificado ante el juez, con facturas, que los 17.000¤ del contrato se invirtieron íntegramente en el Festival de Mérida. De hecho, la empresa ha sido exonerada. En otras palabras, no ha habido ni estafa ni malversación de fondos públicos. Repito, nadie se ha llevado ni un euro.

Sánchez añade que se trata de un problema administrativo: El contrato era de 17.000¤ (sin IVA) y se adjudicó sin concurso, tal y como contempla la ley de contratos en el artículo 122.3, que fija el umbral de los contratos menores en 18.000¤, y en el artículo 79.1 (El valor estimado de los contratos no incluye el IVA). El contrato, tal y como consta en el sumario, fue certificado positivamente por los técnicos de la Consejería, e intervenido posteriormente por la Intervención también positivamente, explica.

A la pregunta de por qué firmó un acuerdo con la fiscalía y la acusación particular responde: Después de más de un año de procedimiento, con las consecuencias familiares y personales que este tipo de imputaciones acarrean, decidí terminar con esto cuanto antes y no someter a mi familia al tercer grado que supone un juicio de estas características. El acuerdo permite finalizar el proceso rápidamente y sin juicio. Es por ello que firmé un acuerdo de conformidad con la fiscalía y la acusación particular admitiendo que había cometido algún error. No obstante puede verse en dicho acuerdo que en todo momento se cumplió la Ley de Contratos y que, realmente, no se cometió ningún delito. El juez, se ha limitado a trasladar el acuerdo a la sentencia y me condena a la pena mínima que marca la ley para estos casos que es inhabilitación para cargo y empleo público durante siete años.

En cuanto a las repercusiones reales de la sentencia de cara al futuro personal del exsecretario general de la Consejería de Cultura, afirma: Esta sentencia no afecta para nada a la práctica de mi vida diaria, pues desde hace casi cuatro años estoy jubilado y alejado de la política activa, por lo que no ostento ningún cargo público. Sin embargo, en lo moral supone para mí una carga que, sinceramente, creo que no merecía.