Hacienda acusa a Perera de defraudar 1,77 millones en 2008 y 2009

Perera en una imagen de archivo. /HOY
Perera en una imagen de archivo. / HOY

La Agencia Tributaria estima que empleó una sociedad instrumental para evitar el pago del IRPF

JUAN SORIANOMÉRIDA

El juzgado de Villafranca de los Barros instruye una causa contra el torero extremeño Miguel Ángel Perera por un posible delito contra la hacienda pública. La Agencia Tributaria estima que defraudó 1,77 millones de euros por el impago de las cuotas de IRPF e IVA de los años 2008 y 2009.

El juzgado de instrucción dictó en enero del pasado año un auto por el que acordaba dar por terminadas las diligencias previas de investigación y su continuación por el trámite del procedimiento abreviado. Esta decisión fue recurrida por el torero, pero fue confirmada por la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado mes de octubre. Tras esto, corresponde a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria decidir si acusan, piden el archivo o solicitan más diligencias.

No es la única resolución judicial relacionada con este asunto. El juzgado de Villafranca de los Barros también acordó el pasado año retener como medida cautelar cerca de 10.000 euros que correspondían a Pertaurus, empresa del torero, por unas devoluciones tributarias a su favor. Contra esta decisión también se presentó un recurso que, como en el caso anterior, ha sido desestimado por la Audiencia Provincial deBadajoz. Ya en 2015 se acordó la retención de cerca de 150.000 euros.

En estos autos se señala que Pertaurus es una empresa participada en un 98% de su capital social por Perera, quien ostenta el cargo de administrador único. El juzgado reseña que en los años 2008 y 2009 la entidad no facturó ni declaró ingresos por su trabajo como matador de toros. Como consecuencia de ello, se estima que eludió el pago de cantidades que le correspondían por el IRPF de ambos ejercicios, alcanzando la cuota presuntamente defraudada las cantidades de 649.737,57 (en 2008) y 948.813,06 (en 2009). En total, casi 1,6 millones de euros.

Asimismo, hubo repercusión en las declaraciones tributarias correspondientes al IVA del ejercicio 2009, en las que se cree que Pertaurus dedujo de forma indebida facturas que no eran fiscalmente deducibles. La cuota presuntamente defraudada fue de 172.140,31 euros, lo que eleva el total a 1,77 millones de euros.

En los autos se indica que el informe que acompaña a la denuncia presentada por la Agencia Tributaria «aporta indicios de suficiente entidad» como para considerar a Perera posible autor de un delito contra la hacienda pública, que en el Código Penal contempla penas de hasta seis años de prisión en función de la cantidad defraudada. Aunque, por el momento de los hechos, el máximo podría ser de cuatro años.

CONTABILIDAD PARALELA

La actuación de Hacienda tiene como base las declaraciones prestadas por la exmujer del torero, quien afirmó que Pertaurus contaba con una contabilidad paralela en la que se recogían ingresos procedentes de corridas de toros que no eran declarados ante la Agencia Tributaria.

Esta declaración se vio reforzada por la aportación de documentación, especialmente una agenda donde constan referencias a pagos en efectivo recibidos por el torero por las corridas en las que participó en el año 2009.

Igualmente, fueron aportados recibos de cobro en efectivo firmados por un antiguo apoderado del imputado, con su comisión calculada conforme a los ingresos totales percibidos por Pertaurus, tanto los contabilizados y declarados como los cobrados en efectivo.

NO HAY ARGUMENTOS, SEGÚN EL ABOGADO DEL TOREROEl

El abogado del torero dice que tiene argumentos para probar que no hubo delito y evitar acudir a juicio. La existencia de esta agenda ya ha quedado acreditada en otros procedimientos judiciales, entre ellos uno dirigido expresamente contra la empresa del torero.

En concreto, el Tribunal Superior de Justicia deExtremadura confirmó en 2016 una actuación del Tribunal económico administrativo regional relacionada con los acuerdos de liquidación y sancionadores contra Pertaurus por el pago del IVA de los años 2008 y 2009.

En esta sentencia se indica, citando un acta de disconformidad de Hacienda, que en 2009 el torero y su entonces esposa presentaron declaración conjunta del IRPF. La Agencia Tributaria inició una inspección y en 2013 comunicó a la mujer el desarrollo de actuaciones de comprobación e investigación para que pudiera comparecer en el procedimiento. En ese momento ya estaban separados y en pleno proceso de divorcio, que fue resuelto por el Supremo a finales de 2015.

Su respuesta a esa comunicación fue que no tenía intención de comparecer en el procedimiento inspector y que disponía de información muy relevante de cara a una posible regularización de la situación tributaria del torero y de la sociedad a través de la cual facturaba sus servicios a los empresarios taurinos.

En otros procedimientos se recoge que la documentación aportada por la exmujer del torero contiene relación de festejos, hoja resumen con desglose para cada actuación, empresario taurino, plaza, base y cuota de IVA, importes cobrados en efectivo en concepto de sobreprecio no incluidos en la factura ni en la contabilidad, recibos correspondientes a sobreprecios no facturados ni contabilizados por Pertaurus y recibos firmados por el apoderado sobre la parte de la comisión que cobra por esos sobreprecios. Asimismo, una agenda con corridas toreadas en España, Francia y Portugal, distinguiendo la parte del precio total que consta en la factura de aquella otra que se cobra en efectivo y por tanto no se contabiliza.

El abogado de Perera, Esteban Mestre, señala que tiene argumentos que demuestran que no se produjo delito y que por tanto podrían evitar acudir a un juicio. Asimismo, lamenta la filtración de una información que forma parte de un procedimiento cuya instrucción ha sido declarada secreta.