ODP denuncia las trabas que ponen a su concejal en los plenos municipales

El grupo municipal en el Ayuntamiento de Villafranca Organización en Defensa de lo Público (ODP) ha hecho público la presentación de un escrito de denuncia a la Fiscalía por el funcionamiento de la TV LOCAL de Villafranca, además de denunciar las dificultades para la asistencia a plenos de su concejal, Cristóbal Torres Fernández. Así mismo, ODP ha informado sobre el escrito de respuesta de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Junta de Extremadura en 2014, y posterior escrito presentado al Ministerio de Fomento.

En su opinión, el alcalde de Villafranca realiza todos los movimientos posibles para que el concejal de ODP tenga difícil su asistencia a los plenos. Habida cuenta que este trabaja en la Universidad de Sevilla de manera presencial, y realiza trabajos virtuales para otras universidades, disponiendo de tiempo suficiente para la asistencia a los plenos y participar en la vida política de la localidad, esta racha de posibilidades que tiene para la participación política se le quiere eliminar. Así, para el próximo pleno, a celebrar el en fechas cercanas (lunes 4 de febrero) y una hora (20 horas) de imposible asistencia. Esto ya sucedió en otra ocasión.

ODP denuncia que «en repetidas ocasiones se le ha solicitado al portavoz del equipo de gobierno y al alcalde que en casos como estos se considere la posibilidad de conciliar el horario laboral y político para que todas las personas integrantes de la corporación participen en las sesiones plenarias. Esto, que se hace con concejales de otros partidos políticos, no se facilita al de la ODP».

TELEVISIÓN LOCAL

En otro orden de cosas, ODP informa que los próximos días llevarán a la Fiscalía el funcionamiento de la TV Local de Villafranca de los Barros, en vista de que «en varias ocasiones hemos solicitado la conformación de su legalidad, cosa que no se ha hecho. Por lo que suponemos que este medio de comunicación emite incumpliendo con todas las normas legales en esta materia, con el consentimiento expreso de la Junta de Extremadura», que advirtió ya de esta ilegalidad manifiesta el 1 de marzo de 2014, y de la multa que la ley establece en estos casos, por lo que –según ODP- se paralizó temporalmente su emisión hasta que se comenzó a emitir nuevamente con el cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas de 2015.

En repetidas ocasiones esta formación política ha solicitado que se procediera a su legalización y al funcionamiento democrático de la misma ya que la transmisión televisa es una repetición diaria con el objetivo de beneficiar políticamente al equipo de gobierno municipal.

En el año 2016, ODP solicitó información a la Junta de Extremadura para conocer las condiciones legales del funcionamiento de este medio local, a lo que se les contestó con «un absurdo de cuestiones técnicas que tenían por fin crearnos una confunsión en base a nuestros conocimientos profanos en normativas de telecomunicaciones, y no aclararnos absolutamente nada». ODP considera que «aquello fue más un abuso de nuestra sospechada ignorancia más que una aclaración como corresponde a una institución representativa de la ciudadanía». De ahí que lo califiquen como una burla.

En Octubre de 2018, enviaron un escrito al Ministerio, a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, dando cuenta de la situación y pidiendo que se tomasen las medidas oportunas y depuración de responsabilidades. Hasta la fecha no han recibido respuesta.