Uno de cada cinco trabajadores de la región está en situación de exclusión social

Presentación del informe de la Fundación Foessa en la Asamblea de Extremadura. /J. M. Romero
Presentación del informe de la Fundación Foessa en la Asamblea de Extremadura. / J. M. Romero

Un estudio elaborado por la Fundación Foessa evidencia el efecto que ha tenido la salida de la crisis en la precariedad laboral

Juan Soriano
JUAN SORIANO

Uno de cada cinco trabajadores de la región se encuentra en situación de exclusión social, una muestra de los efectos de la crisis económica y de que el empleo ya no supone en la actualidad una garantía de bienestar. Así lo recoge el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Extremadura, elaborado por la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), vinculada a Cáritas.

Este trabajo recoge los resultados de la Encuesta sobre integración y necesidades sociales de 2018, que realizó en la región 653 entrevistas con información sobre 1.607 personas. Supone una actualización del informe elaborado en 2013, lo que además permite comparar la evolución de los años de salida de la crisis económica.

Para evaluar la situación de exclusión social se emplean 35 indicadores que no solo tienen en cuenta aspectos económicos como el empleo y el consumo, sino también educación, salud, vivienda, participación política y lazos sociales. Las conclusiones ofrecen por tanto un amplio panorama sobre la situación de la región y van más allá del término de pobreza, ligado a la disposición de rentas.

Una de las principales conclusiones tiene que ver con la precarización laboral. «Tener un empleo no garantiza estar fuera de la exclusión», como destacó en la presentación Jesús Pérez Mayo, director de Cáritas regional de Extremadura. El trabajo señala que el 20,1% de las personas trabajadoras de la región se encuentra en situación de exclusión. La media nacional es del 13,5%.

Asimismo, la tasa de personas trabajadoras pobres (con unos ingresos por debajo del 60% del promedio) es de un 20,3% en Extremadura, casi el doble que en el conjunto del país, donde llega al 11,3%. Según recoge el informe, los bajos salarios no solo colocan a las personas y los hogares en una situación de escasez económica, sino que también pueden generar situaciones de exclusión no estrictamente monetaria.

La precarización laboral se relaciona con el tipo de jornada laboral. Los niveles de exclusión son más elevados entre quienes trabajan a tiempo parcial (31,9%, diez puntos más que en el conjunto del país) que entre quienes lo hacen a jornada completa (18,4%, seis puntos por encima de la media española).

Guillermo Fernández Maíllo, sociólogo de Foessa y coordinador del estudio, recalcó que esta situación afecta a los más jóvenes, hasta el punto de que «la precarización del ámbito del trabajo está creando una desigualdad generacional».

Segunda más excluida

El hecho de que el empleo ya no sea una fuente para salir de la pobreza tiene su reflejo en los datos generales de la región, donde la situación laboral está estrechamente unida al riesgo de exclusión. Al contrario que en otras comunidades, donde tiene más peso la vivienda.

Un 23,2% de los extremeños, casi 250.000 personas, se encuentra en situación de exclusión, 3,2 puntos menos que en 2013. La evolución es positiva, pero no tanto si se tiene en cuenta que en el conjunto del país se ha producido una caída de casi siete puntos, hasta el 18,4%. Es decir, estamos mejor que hace cinco años, pero más lejos de la media.

Extremadura es, después de Canarias con el 29,1%, la comunidad autónoma con los peores resultados. Pero es la región con el mayor porcentaje de población en situación de exclusión moderada, un 15,8%, mientras que se encuentra por debajo de la media en exclusión severa.

Para los autores del estudio, estos datos evidencian una cierta polarización de la sociedad extremeña. Por un lado, la población en situación de integración plena, que ha pasado del 30,5% en 2013 al 41,8% en 2018. Son los que han logrado salir airosos de la crisis. Por otro, los que se mantienen en exclusión severa y los que están en exclusión moderada, de los que un 63,6% opina que está peor que hace diez años.

Sí a más servicios sociales, pero no a más impuestos

Una de las novedades del informe Foessa respecto a anteriores entregas es que recoge la opinión de la población extremeña sobre las necesidades, expectativas, niveles de acceso y valoración sobre las prestaciones sociales. Una gran mayoría de la sociedad, el 80,8%, considera que hay que destinar a los servicios sociales más dinero público que en la actualidad, ligeramente por debajo de la media nacional. Un 16% quiere que se mantenga y un 3,2% que disminuya. Pero solo un 74,2% de la población optaría por tener más prestaciones pagando más impuestos, mientras que un 25,8% es partidaria de menos servicios y menos presión fiscal, siete puntos por encima de la media nacional.