AMADROVI conmemora este 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Des este colectivo se ha difundido un comunicado elaborado desde la Federación Extremeña de Ayuda al Drogodependiente

LUCHA CONTRA LA DROGA

 Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 

El Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1987, y se celebra el día 26 de junio de cada año con el objetivo de dar a conocer el esfuerzo de la comunidad internacional para lograr una sociedad internacional libre del abuso de drogas. 

    Las Entidades que integramos la Federación Extremeña de Ayuda al Drogodependiente (FEXAD) nos unimos con toda determinación a la celebración de este día, con el objetivo de dar a conocer a la sociedad extremeña nuestro afán en procurar una Extremadura libre de drogas, tanto en consumo como en tráfico, conscientes de que las adicciones son una de las mayores lacras que pesan sobre personas, familias y sociedad. 

    Las drogas más consumidas por los jóvenes estudiantes españoles de 14 a 18 años son el alcohol, el tabaco y el cannabis (Encuesta ESTUDES 2012/13). Comienzan a consumir a partir de los 13/14 años. Tres de cada diez jóvenes se suele emborrachar; más de la mitad de los jóvenes de 16 años se ha emborrachado en el último año y el lugar donde mayormente adquieren el alcohol es el supermercado (60%). Como dato que alivia algo, el consumo de cocaína en este sector juvenil ha caído un 60% en la última década y el cannabis un 36%, pero a los 14 años uno de cada cuatro jóvenes ha participado en un "botellón". 

    La sensación que estos datos -muy resumidos- nos produce es de dolor, tanto más profundo cuanto observamos un elevado grado de complacencia social ante los riesgos del consumo de sustancias adictivas entre nuestros jóvenes.

     La reacción que esta situación provoca en nuestras Entidades federadas refuerza lo que venimos haciendo desde comienzos de la década de los noventa: por una parte, trabajamos para reducir los riesgos que produce el consumo abusivo de drogas y luchar para erradicar -o al menos reducir- el consumo. Por otra parte, expresamos públicamente que no solo nos duele y preocupa lo que sucede a nuestro alrededor -la situación de sufrimiento de las personas y familias que acuden a nuestros recursos-, sino que constatamos que no hemos logrado aún la manera de suscitar interés suficiente en la sociedad, pues es patente que los datos indican un grado de tolerancia para el consumo y la compra de las sustancias mencionadas (alcohol, tabaco y cannabis) entre jóvenes de 14 a 18 años. Esa actitud pasiva y complaciente estácolaborando en su medida, en el incremento de consumos problemáticos, patologías crónicas, conductas violentas, exclusión social, etc. 

    La familia es uno de los sectores que demandan la colaboración urgente de todos los agentes sociales. Estamos plenamente implicados las Administraciones públicas y las organizaciones que integramos el Tercer Sector, conformando uno de los principios rectores de la Estrategia nacional sobre drogas 2009-2016: la participación social. A nadie (Administraciones públicas, Tercer Sector, Familias) le es lícito volver la espalda para regatear esfuerzos y recursos, porque las familias están al borde de una situación crítica y sumamente quebradiza.

    En primer lugar anhelamos y requerimos coherencia política en cuestión tan sensible como las adicciones y los problemas comportamentales. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria deben recorrer el mismo camino y en la misma dirección, sea cual sea la situación en que se encuentren, bien en el equipo de gobierno, bien en la oposición, de modo que, aprovechando las iniciativas oportunas de anteriores gabinetes, los ciudadanos no suframos en este campo las consecuencias de giros inoportunos, imprevisibles y medidas improvisadas en las políticas de lucha contra las drogas. 

    En Extremadura hemos puesto en funcionamiento a lo largo de más de dos décadas una excelente red de recursos. La actual dificultad para encontrar financiación suficiente puede deteriorarlos gravemente, que podría destruir en breve tiempo el esfuerzo inversor que organismos públicos e instituciones privadas han realizado con constancia, confiado en nuestra calidad técnica y eficacia organizativa, que ha permitido dotar a nuestra Comunidad de instrumentos modélicos en este ámbito. Son instrumentos que, sin lugar a dudas, han contribuido de forma eficaz -aunque no en la extensión e intensidad que pretendíamos y era deseable- a alcanzar el objetivo global de reducción de la demanda, pues no hay que olvidar el potencial que nuestras Entidades pueden desplegar a través del factor de la presencia en toda nuestra geografía. Sin menospreciar los datos positivos expuestos al principio, que son, al menos, esperanzadores, no podemos dejar de volver a repetir el grave peligro que nuestra sociedad corre si hace una lectura complaciente de los mismos, pues no es posible que nuestros jóvenes mantengan, en conjunto, consumos tan elevados y en cortos espacios de tiempo, de sustancias adictivas sin que esto pase factura que en el futuro no muy lejano va a ser costosísima en salud y en recursos asistenciales. 

    En segundo lugar, el temor de que el actual sistema de financiación -aunque precario, relativamente estable- vaya a ser modificado en los términos que nos permite ver el borrador de la modificación de la vigente ley de subvenciones de 2003, hace que nuestras Entidades muestren su rechazo por cuanto nos abocaría a la desaparición al entrar en una desequilibrada y absurda competencia con intereses estrictamente comerciales. Consideramos que ese no es el camino para regenerar redes sociales, económicas y familiares que integren en un entorno conocido y en cierta medida seguro a las personas en riesgo de exclusión, evitando su caída a la marginación (exclusión severa), o para volver a regenerar esas redes pacientemente, con constancia, cuando las personas han sido atrapadas en esa situación. Por último, con la perspectiva que nos proporciona la experiencia acumulada por dos décadas as de trabajo con personas que padecen adicciones, nos es preciso difundir nuestra gran preocupación ante lo que consideramos como una dificultad añadida por el contenido del Proyecto de Ley de reforma del Código Penal. Apostamos por la persona a la que atendemos, a la que acogemos y pretendemos ayudarla a superar tanto las secuelas de su adicción (reducción de daños) como a su reinserción en la sociedad como un ser útil y necesario para todos. Un ser que tiene potencialidades que es preciso poner en valor y en juego, de cambiar, de volver otra vez a intentarlo. Y todo ello, porque consideramos que el ser humano, la vida, es el bien más importante, más radical. Por lo tanto, seguimos creyendo en la persona y su capacidad de regeneración para evitar futuras reincidencias delictivas. Esto nos hace declarar que no estamos de acuerdo con ciertas medidas que pretende el Gobierno con el Proyecto de Ley, porque no es únicamente el seguimiento estrictamente policial lo que va a lograr ni la disminución del riesgo ni la rehabilitación, sino que las terapias de tratamiento aplicadas en dispositivos adecuados e impartidas por personal cualificado -en definitiva, con los medios que ya están puestos en marcha, esto es, no necesitan inversiones- constituyen el mejor camino para evitar la delincuencia provocada por el consumo problemático de sustancias adictivas. Y todo ello comenzando por los más jóvenes, víctimas de una tupida red de actitudes, intereses creados e inactividad social y política que provocan en gran medida esa falta de alternativas vitales que son necesarias para que jóvenes y adultos despleguemos plena y sanamente nuestras facultades en todos los ámbitos: personal, familiar, laboral, social, ocio y tiempo libre. Y esto se consigue en gran medida, con un mundo libre de drogas. 

    Por último, con la perspectiva que nos proporciona la experiencia acumulada por dos décadas de trabajo con personas que padecen adicciones, nos es preciso difundir nuestra gran preocupación ante lo que consideramos como una dificultad añadida por el contenido del Proyecto de Ley de reforma del Código Penal. Apostamos por la persona a la que atendemos, a la que acogemos y pretendemos ayudarla a superar tanto las secuelas de su adicción (reducción de daños) como a su reinserción en la sociedad como un ser útil y necesario para todos. Un ser que tiene potencialidades que es preciso poner en valor y en juego, de cambiar, de volver otra vez a intentarlo. Y todo ello, porque consideramos que el ser humano, la vida, es el bien más importante, más radical. Por lo tanto, seguimos creyendo en la persona y su capacidad de regeneración para evitar futuras reincidencias delictivas. Esto nos hace declarar que no estamos de acuerdo con ciertas medidas que pretende el Gobierno con el Proyecto de Ley, porque no es únicamente el seguimiento estrictamente policial lo que va a lograr ni la disminución del riesgo ni la rehabilitación, sino que las terapias de tratamiento aplicadas en dispositivos adecuados e impartidas por personal cualificado -en definitiva, con los medios que ya están puestos en marcha, esto es, no necesitan inversiones- constituyen el mejor camino para evitar la delincuencia provocadapor el consumo problemático de sustancias adictivas. Y todo ello comenzando por los más jóvenes, víctimas de una tupida red de actitudes, intereses creados e inactividad social y política que provocan en gran medida esa falta de alternativas vitales que son necesarias para que jóvenes y adultos despleguemos plena y sanamente nuestras facultades en todos los ámbitos: personal, familiar, laboral, social, ocio y tiempo libre. Y esto se consigue en gran medida, con un mundo libre de drogas.