El perro sobre la mesa de operaciones de una sala quirúrgica en una clínica de Badajoz.
El perro sobre la mesa de operaciones de una sala quirúrgica en una clínica de Badajoz. / CEDIDA

Sorprendido por la Guardia Civil cuando cortaba las orejas a un perro

  • Se detiene a una persona como supuesto autor de la comisión de dos delitos, uno de maltrato animal y otro de intrusismo profesional

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Badajoz (SEPRONA), investigaba supuestas irregularidades en lo que respecta a las extirpaciones de orejas y rabos, practicadas a canes bajo la justificación de mantener los estándares raciales y estéticos.

Así fue como el pasado día 10 de julio, la Guardia Civil sorprendió “in fraganti”, en la sala quirúrgica de una clínica veterinaria de Badajoz, a un hombre cuando procedía al corte de las orejas de un can de raza American Bully.

Una vez identificada la persona, resultó que no tenía la habilitación/titulación para esta práctica veterinaria, por lo que se le considera supuesto autor de un delito de intrusismo profesional, y a la vez de otro de maltrato animal.

Además del vigente Código Penal, la legislación al respecto es tajante, ya que desde el pasado día uno de Febrero, entró en vigor en España el Instrumento de ratificación del Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, donde en su artículo 10, refiere la prohibición de las intervenciones quirúrgicas, cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal de compañía o conseguir otros fines no curativos, y en particular: el corte de cola, el corte de orejas, la sección de las cuerdas vocales y la extirpación de uñas y dientes.

Todo ello, salvo que un veterinario, considere la necesidad de intervenciones en beneficio de la salud del animal y/o poder disminuir su sufrimiento. Excepción no observada en ningún momento en la actuación de los agentes del SEPRONA.

Ahora la Guardia Civil, busca al propietario del animal, ya que el supuesto autor de los delitos, se negó a su identificación. El animal no poseía el denominado microchip, obligatorio por su especie y edad.

El detenido, que fue puesto a disposición judicial, en unión de las diligencias instruidas, se puede enfrentar a condenas de hasta dos años de prisión por el intrusismo profesional y hasta 18 meses por el maltrato animal.

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